domingo, 12 de enero de 2014

FIRMA EN CONTRA DE LA NUEVA LEY ANTIDROGAS





Gobierno de España: Revocar la nueva y abusiva ley anticannabis que criminaliza al ciudadano. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana prevé fuertes multas para la tenencia de drogas, aunque estas no estén destinadas al tráfico o sean consumidas en la calle. Caminar con una pequeña cantidad de hachís en el bolsillo, por ejemplo, supondrá una falta grave, castigada con multas de entre 1.001 y 30.000 euros, según el Anteproyecto aprobado el viernes pasado en el Consejo de Ministros. La Ley de Seguridad Ciudadana vigente, que entró en vigor en 1992, ya prevé fuertes multas para la sola tenencia de drogas. Llevar un porro, o cualquier otra sustancia para consumo propio, está castigado desde entonces con una infracción grave. Lo que cambia en el nuevo texto es la cuantía de las multas a pagar. Este tipo de infracción está sancionada ahora con multas de entre 300 y 30.000 euros, pero en el nuevo texto la cantidad mínima por faltas graves será de 1.001 euros. Eso significa que aunque la Adminstración opte por la sanción más baja en esa franja, como ha venido ocurriendo hasta ahora, el multado tendrá que abonar, como mínimo, un 300% más que antes. Algunos artículos de la Ley de 1992 pretendían dar respuesta a fenómenos en auge en aquella época. El consumo de heroína había hecho estragos en la década anterior y aún se mantenía en un nivel elevado. Eso llevó al Gobierno a sancionar como una infracción grave el abandono en la vía pública de “útiles o instrumentos utilizados” para el consumo de drogas. Al tiempo, pretendía propiciar la rehabilitación incluyendo un artículo por el que se retiraba la multa si el infractor se sometía a “un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado”. A pesar de los cambios en el consumo de estupefacientes que se han dado en los últimos veinte años, con una caída muy importante del consumo de heroína por vía intravenosa, el Ministerio del Interior conserva las multas para quien abandone las jeringuillas u otros instrumentos en la vía pública. Por contra, el Anteproyecto aprobado elimina el artículo que permitía librarse de la multa a cambio de acudir a un centro de desintoxicación. Marihuana en la terraza Otra de las novedades del texto es la penalización de los “actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no constitutivos de delito”. Esto equivale a la posibilidad de ser multado con entre 1.001 y 30.000 euros por tener un planta de marihuana en la terraza. Resta por saber si bastará que se observe desde la calle o será necesario para imponer esa multa la entrada y registro el domicilio, una medida poco probable que un juez autorice para un hecho penalmente irrelevante. También en el apartado de infracciones graves, el Ministerio del Interior pretende dar respuesta al fenómeno del “botellón”. En el Anteproyecto de Ley se castiga con multas de entre 1.001 y 30.000 euros “el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”. En el caso de los menores, Interior pretendía que sus padres pagarán la multa, pero el Ministerio de Justicia advirtió de la imposibilidad legal de trasladar la infracción de una persona a otra, aún existiendo el citado vínculo familiar. Ocurría con los destrozos que pudieran causar menores de edad. En ese caso, los padres podrán ser obligados a costear los daños, no la multa por la infracción. http://www.avaaz.org/es/petition/Gobierno_espanol_Revocar_la_nueva_abusiva_ley_anticanabis/?tvhhKbb

jueves, 9 de enero de 2014

URUGUAY LEGALIZA LA MARIHUANA TOTALMENTE

Uruguay rompe un tabú en la lucha contra el tráfico de drogas
Uruguay ha dado un paso al frente en el debate sobre la despenalización de las drogas en América Latina. No solo será el primer país latinoamericano que despenalizará su consumo, sino que se convertirá en el primero en el mundo que gestionará y regulará la producción de marihuana para uso recreativo. La medianoche del pasado miércoles el Congreso uruguayo aprobó un proyecto de ley que permitirá al Estado controlar el negocio del cannabis, permitir su autocultivo y ponerlo a la venta en las farmacias. La decisión no ha gustado nada a la ONU, que ayer emitió un comunicado a través de la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), expresando su “preocupación” por la legalización y afirmando que está en “completa contravención” con los tratados internacionales sobre drogas, de los que Uruguay es parte. “La ley intenta una regulación, no es que sea un viva la pepa”, defendió ayer el presidente uruguayo, José Mujica, en la emisora de radio local M24. “Se intenta terminar con la clandestinidad. Identificar y tener un mercado a la luz del día”, analizó. más información Mujica: "Hay que tener el coraje de plantear la legalización"'Los 'momentos marihuana' de América Latina', por J. CASTAÑEDAUruguay se abre a la marihuana, por FRANCISCO PEREGILEn los últimos tiempos han surgido en el continente —el más azotado por la violencia y la corrupción derivada del narcotráfico— múltiples voces, cada vez menos aisladas, que reclaman una vía alternativa al modelo represivo para luchar contra el narcotráfico. El año pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, abanderó durante unos meses una corriente de opinión que promulgaba la legalización de las drogas. El expresidente de México, Vicente Fox, declaró recientemente: “Cultivaría marihuana si estuviera permitido”. También el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, apoyó hace un año las intenciones del Gobierno uruguayo. Otras voces como las del premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa, o los exsecretarios de la ONU y la OTAN, Kofi Annan y Javier Solana, también se han mostrado a favor de la despenalización. Sin embargo solo en Uruguay, bajo el mandato del exguerrillero Mujica, esta corriente se ha transformado en algo plausible. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según una encuesta Aún a falta de que el proyecto de ley pase por el Senado y se elabore el reglamento, los ejes de la futura legalización están claros. El Estado asumirá el control y otorgará licencias a algunas empresas para que realicen la distribución y producción. “Somos un país chico, con unas 20 hectáreas (unos 30 campos de fútbol) tendríamos suficiente”, calcula Sebastián Sabini, uno de los principales autores del proyecto y diputado del Frente Amplio, la coalición de partidos en el Gobierno. Cada cultivador podrá tener seis plantas, se podrán constituir clubes de cannabis de hasta 45 miembros y 99 plantas y cada usuario —mayor de edad y residente en Uruguay— tendrá una cuota de 40 gramos mensuales para su consumo, que deberá adquirir en las farmacias. “Estamos en un contexto de aumento de los decomisos y de presos por el tráfico de drogas y, sin embargo, el fenómeno no cesa, la inseguridad pública y el consumo han aumentado”, explica Sabini. Según los cálculos del Gobierno hay unos 180.000 consumidores (aproximadamente el 5,5% de la población) y unos 3.000 reos cumpliendo penas por narcotráfico. El proyecto de regulación de la marihuana ha sido uno de los que más se le han enquistado a Mujica, que durante su mandato ha aprobado otras leyes sociales muy progresistas para la región, como la del aborto o la del matrimonio homosexual. El 63% de los uruguayos se oponen a la ley, según la última encuesta divulgada esta semana por la consultora Cifra. “Somos un país de viejos, nos cuesta mucho entender y atender a los jóvenes”, aseguró Mujica, quién expresó su deseo de que la ley esté acompañada por un mayor respaldo social. En el terreno político también existe una gran división. La sesión en la cámara legislativa en la que se discutió la medida duró 14 horas. Finalmente los dirigentes del Frente Amplio hicieron valer su mayoría y la medida se aprobó con 50 votos a favor y 49 en contra. Se calcula que unos 180.000 ciudadanos consumen la sustancia En España, la portavoz del Plan Nacional sobre Drogas se abstiene de comentar “decisiones de Estados soberanos”, aunque considera que “no existen razones sociales ni de salud para favorecer un comercio legal del cannabis” en nuestro país. En su opinión, la legalización de la planta supondría un aumento de su consumo, una banalización de sus efectos, una disminución en la edad de inicio y un incremento de los costes sanitarios. Además, fuentes del organismo consideran que si no se legaliza en todo el continente americano podría suponer un “efecto llamada” que haría “aumentar el trapicheo”. La legislación vigente en Uruguay, aprobada en 1974 bajo la dictadura militar, permite el consumo de marihuana y otras drogas pero prohíbe la producción y el comercio. Juan Vaz, uno de los fundadores de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU), estuvo preso 11 meses después de que la policía le encontrara un cultivo en su casa. La AECU calcula que en Uruguay hay unos 10.000 cultivadores y que con la nueva ley se sumarán otros tantos. Vaz, que lleva 20 años cultivando la planta y que ha asesorado al Ejecutivo en la elaboración de la ley, defiende que “no es una ley ideal, pero es mucho mejor de lo que hay. Al menos se quiebra el paradigma de la prohibición respecto a las drogas”.
EL PAIS - SOCIEDAD